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En este último caso, la cuota tributaria ingresada será devuelta una vez cumplido dicho período. 2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la una parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala prevista en el número 1.º previo. El Gobierno informará anualmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, y al Consejo Económico y Popular, de las operaciones, proyectos y ocupaciones autorizadas con cargo al FIEM, de sus propósitos y adjudicatarios de la financiación, condiciones financieras y evaluaciones, así como sobre el desarrollo de las operaciones en curso a lo largo del período contemplado. La Oficina Presupuestaria de las Cortes En general pondrá esa documentación predisposición de los Diputados, Miembros del senado y las Comisiones parlamentarias. El Consejo de Ministros va a poder autorizar proyectos individuales de especial importancia para la internacionalización atendiendo a su importe, acordando en su caso la imputación de parte del emprendimiento dentro del límite pensado en el párrafo primero de este apartado, quedando los sucesivos importes del emprendimiento para imputación en ejercicios posteriores, dentro de los límites previstos en las que corresponden leyes de capitales anuales. No obstante lo preparado en el parágrafo anterior, cuando la suma de todas las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas, y las del referido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez sea inferior a la cuantía fijada para la pensión de tal seguro en el apartado Uno de este producto, la pensión del Seguro Obligación de Vejez y también Invalidez se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante entre las dos proporciones.
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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fijará la cuantía de las bases normalizadas, a través de la app de las reglas previstas en el número previo. Lo dispuesto en el segundo parágrafo del apartado Cinco.
- Todo este laberinto de conflictos puede desencadenarse por las actuaciones conservacionistas públicas en frente de la función socio-económica y de desarrollo que un espacio natural protegido lleva implícita en sí.
- En las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales estatales, la contratación indefinida o temporal de personal requerirá autorización conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública, por medio de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Costos y de Política Territorial y Función Pública.
Realizar actuaciones que modifiquen de forma negativa la composición o composición de la vegetación de ribera, nuevo o sumergida, o de la red social de fauna ribereña y acuática de los ecosistemas acuáticos a que tiene relación el artículo 9.1, cuando ello se realice sin autorización, o infringiendo el condicionado predeterminado, a menos que sus efectos fuesen reversibles y no supongan una alteración sustancial del ecosistema, en tal caso se considerará suave. En los espacios naturales protegidos cuya área pase las 5.000 hectáreas o afecten a mucho más de 100 propietarios de terrenos, así como en esos otros cuyas características socioeconómicas así lo requieran, se podrán constituir juntas rectoras como órganos colegiados de carácter asesor y consultivo para la participación de los dueños y representantes del resto intereses económicos y sociales afectados en su gestión. La Consejería podrá detallar medidas de acompañamiento a los aprovechamientos de carácter tradicional que permitan la conservación o restauración de ciertos géneros de hábitat de protección especial, en particular para los que se tienen dentro en el apartado b) del producto 91.1. El Consejo de Gobierno, a iniciativa de la Consejería, va a poder aprobar proyectos de conservación para los hábitats o elementos geológicos y geomorfológicos de protección especial, que incluyan las medidas precisas para su mejor conservación o restauración. El trámite para la aprobación de estos proyectos, tal como su contenido y efectos, serán equivalentes a los establecidos para los planes de conservación de especies conminadas. Las medidas a que tiene relación el presente producto van a poder establecerse, en su caso, mediante proyectos de gestión específicos, o incorporadas en otros planes de avance o instrumentos de planificación, incluyendo los proyectos sectoriales y los señalados por los Títulos II, III, IV o V de esta ley, todo ello siempre según con las demandas y los objetivos previamente señalados.
Se aprueban los capitales de los fondos sin personalidad jurídica, que se relacionan en el Anexo XI, en los que se tienen dentro las estimaciones de costos y previsiones de ingresos referidos a exactamente los mismos y a sus balances económicos, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, tengan la posibilidad de contener las disposiciones que les resulten de aplicación. Artículo 2.1 De la aprobación de los estados de gastos y también capital de las entidades referidas en la letra a) del artículo 1 de la presente Ley con presupuesto limitativo. Se recopila la ampliación inusual del período sosprechado en las disposiciones auxiliares vigésima novena, trigésima y trigésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Capitales En general del Estado para el año 2018 para la autorización y publicación de los procesos de estabilización de empleo temporal. Se incluye asimismo un régimen transitorio aplicable a la comercialización de billetes subvencionados de transporte regular de usuarios, marítimo y aéreo. Finalmente, la Ley establece la modificación temporal de las cuantías unitarias de los cánones ferroviarios. Se establece la financiación conforme a baremo de los honorarios derivados de la prestación a personas físicas del servicio del turno de oficio anterior designación judicial. Igualmente, se regulan las aportaciones para la financiación del sector eléctrico en el ejercicio 2021 relativa a tributos y cánones.
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Disposición adicional décima cuarta. Subvenciones estatales cada un año para gastos de funcionamiento y de seguridad de partidos para 2021. Predisposición agregada décima segunda. Reintegro de subvenciones financiadas con los créditos asociados a la política 46 “Investigación, desarrollo, innovación y digitalización”. Si dichas actuaciones conllevan anulaciones de operaciones o reajustes de anualidades, el Servicio administrador deberá remitir los justificantes y documentos contables que acrediten exactamente las mismas. Dicho trámite va a ser asimismo aplicable a aquellos compromisos de gasto y otras operaciones encausadas al Presupuesto prorrogado para 2020 que según con la normativa vigente se deberían haber registrado en el Presupuesto prorrogado para 2021 y no se hubiera realizado dicha imputación.
Descuajes y roturaciones que afecten a recursos naturales protegidos. El informe no será necesario en el momento en que las actividades que requieran la pertinente autorización o concesión estén sujetas a evaluación del encontronazo ambiental. Entablar los métodos en relación con la declaración, ampliación o anulación de los espacios naturales protegidos. Entablar unas categorías de espacios naturales protegidos acorde con la variedad de ocasiones reconocidas en Castilla-La Mancha, e integrar los espacios protegidos que existan o se declaren en el futuro en una Red Regional coherente. Hoy en día el catálogo florístico sube a unas 2.228 especies con 215 endemismos ibéricos e ibero-norteafricano, 110 endemismos andaluces y mucho más de 30 endemismos locales.
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Para su posterior transporte a vertedero, se utilizan camiones de tipo basculante o bañera. Normalmente son las propias empresas constructoras las que se encargan del transporte de los contenedores, tanto en el caso de obras municipales como privadas. Esta norma define los modelos de residuos aceptables en cada una de estas categorías y establece los requisitos técnicos de las instalaciones , la obligación de administrar los vertederos tras su clausura, una exclusiva estructura y también imputación de los costos de las ocupaciones de vertido de restos, tal como la exigencia de la correspondiente autorización según con la Ley de Restos para disponer un vertedero. Esta Ley fue aprobada para adecuar el ordenamiento jurídico español a dicho cambio sobre la política de restos que debía regir en España, pretendiendo además ayudar a la protección del medioambiente coordinando la política de restos con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto de recompensar su reducción en origen y dar prioridad a la reutilización, reciclado y valorización de los restos sobre otras técnicas de gestión. El sector de la construcción, que ocupa a un 17,2% de la población activa de la Red social, crea los llamados restos de construcción y demolición, que en adelante se denominarán también RCD, de naturaleza esencialmente inerte, que proceden de proyectos de excavación, novedosa construcción, reparación, rehabilitación, rehabilitación y demolición. El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho a gozar de un medioambiente conveniente para el desarrollo de la persona, así como el deber de preservarlo, disponiendo la obligación de los poderes públicos de velar por la protección y mejora de la calidad de vida y por la defensa y restauración del medioambiente. Por su lado, los sacrificios realizados en la conservación de estas especies por la parte de las diferentes instituciones públicas y privadas, así como la creciente aceptación por la sociedad de estas especies como un recuso natural apreciado que es necesario proteger, y el lógico encarecimiento de la vida, determinan que la opinión económica vigente de dichas especies no se corresponda con el valor que realmente poseen hoy en día.