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Los infractores cuya sanción sea estable se inscribirán en un registro de infractores, de carácter público y ligado de la Consejería. En el registro se reflejarán los datos identificativos del infractor, la tipificación de la infracción, tal como cuantas medidas, sanciones, multas, indemnizaciones y también inhabilitaciones se impusiesen. El importe de las multas correspondiente se reducirá un 30 por cien si su pago se efectúa en el plazo de quince días desde la recepción del acuerdo de comienzo del procedimiento sancionador. Este beneficio no va a ser aplicable en reincidentes. En los presuntos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente, y se abstendrá de proseguir el trámite sancionador mientras que la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de la multa administrativa. De no haberse estimado la presencia de delito o falta, la administración continuará el trámite sancionador con base, en su caso, en los hechos que la jurisdicción competente haya considerado probados.
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Decreto 22
En este punto, el enfoque nuevo apunta hacia una conservación mucho más activa preservando la naturaleza bajo el lema conservar es desarrollar persiguiendo la superación de estos inconvenientes mediante la articulación de los espacios naturales protegidos como instrumentos de revitalización de las economías locales de las áreas despobladas marginalizadas transformándose en herramientas básicas para el desarrollo colega-económico de sus áreas de predominación socio-económica. Esto apoya, además, la postura de otros especialistas, en el momento en que aseguran que la proliferación de los espacios protegidos, tal como su ubicación prioritaria en áreas despobladas de montaña y desfavorecidas, expone inexorablemente la necesidad de coordinar la ordenación del territorio, la planificación ambiental y el avance rural (Troitiño Vinuesa, 2002). Las políticas para ser coherentes deben ser activas, lo que implica inversiones y una administración adecuada en armonía con las especificaciones primordiales que definen la composición, desempeño y dinámica de los recursos naturales o paisajísticos protegidos. La realización en las ubicaciones forestales a que tiene relación el artículo 20 de ciertos aprovechamientos consuntivos prohibidos en app del régimen predeterminado por la presente ley, salvo cuando ello no produzca influencia apreciable sobre el grado de conservación de sus recursos naturales, en tal caso se considerará infracción leve.
Las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente con capital de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Ámbito Público. Se comprende que se financian en la mayoría de los casos con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución previstas en las letras a), b), c), d) o y también) del apartado previo, el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo de dos meses desde el instante en que concurra la causa de disolución.
- La distribución de los importes que tienen dentro los “Gastos Variables” se efectuará según con lo predeterminado en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos.
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A estos efectos, el importe de los beneficios sociales a que tiene relación este parágrafo se reducirá en un 5 por ciento en concepto de gastos de gestión referidos a estas participaciones. Esta deducción, en conjunto con la establecida en el producto previo respecto de los dividendos o participaciones en los beneficios, no va a poder exceder de la cuota íntegra que correspondería abonar en España por estas rentas si se hubieran conseguido en territorio español. Para calcular esa cuota íntegra los dividendos o participaciones en las ventajas se reducirán en un 5 por ciento en concepto de costos de administración referidos a estas participaciones.
La práctica de la liquidación determinante del Fondo Complementario de Financiación del año 2021 a favor de las provincias y entidades asimiladas, se efectuará con cargo al crédito que se dote en la Sección 38, Servicio 21, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los capital del Estado, Concepto 468, relativo a la liquidación determinante de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 141 y 143 del artículo refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A los efectos de la presente Ley, la masa salarial del personal laboral del ámbito público estatal será la definida en su producto 18.4, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda mediante la Secretaría de Estado de Capitales y Costos. Seis. Durante la vigencia de estos capitales, en el caso de modificaciones de crédito en el presupuesto de las entidades del apartado 4.º de la letra a) del artículo 1 de la presente Ley cuya financiación se realice con cargo al presupuesto de costos del Estado, ambas ediciones se van a acordar mediante el trámite que le sea de app a la del Estado. Séptima. En caso de no efectuarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades van a deber reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público.
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Esta disparidad no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier aumento que logren presenciar las percepciones del interesado, ya sea en término de revalorizaciones o por reconocimiento de novedosas prestaciones de carácter periódico. Desde el 1 de enero del año 2021 la cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, no concurrentes con otras pensiones públicas, queda fijada en cómputo de forma anual en 6.183,80 euros. Para el año 2021, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se incrementará en el 1,8 por ciento respecto de la cuantía establecida para 2020, quedando en un importe anual de 5.639,20 euros. A efectos de mínimos, las pensiones públicas extranjeras que estén a cargo de alguno de los regímenes públicos de previsión social, se considerarán concurrentes con las pensiones españolas. En el supuesto de pensión o pensiones a favor de otros familiares que fueran percibidas por varios adjudicatarios, la cifra final no va a ser inferior a 210,80 euros por mes, respecto de cada uno de aquellos beneficiarios. No obstante, cuando ciertos beneficiarios sea huérfano menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, la cuantía mínima a admitir a dicho huérfano será de 414,70 euros por mes, siempre que se cumpla el requisito de límite de capital mencionado. A efectos del reconocimiento y revisión de los complementos por mínimos de las pensiones, de los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, de ocupaciones económicas y de recursos inmuebles, percibidos por el pensionista y computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se excluirán los gastos deducibles según con la legislación fiscal.
En el caso de que resulte de app la medida contenida en el producto 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el porcentaje de retención aplicable será, como máximo, el fijado en el primer párrafo del apartado 2 de este producto, siempre que las deudas con distribuidores a las que se refiere aquel precepto no concurran con otras de las entidades locales con acreedores públicos, a las que sea de app este precepto. Una certificación comprensiva de las bases imponibles deducidas de los padrones del año 2019, tal como de las altas producidas en los mismos, correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, urbanos, y de los tipos exigibles en el ayuntamiento en los tributos que se citan en el parágrafo precedente.
